Comunicado 004/2024
La COPPPAL externa su preocupación por la detención de Rocío del Carmen San Miguel Sosa
Alejandro Moreno, presidente de la COPPPAL hace un llamado por el respeto a los derechos humanos de la activista venezolana
Demanda el acatamiento de la medida cautelar de protección dictada en favor de San Miguel Sosa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como su inmediata liberación
Ciudad de México, 15 de febrero. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), a través de su presidente Alejandro Moreno, manifestó su preocupación por la detención y desaparición por 48 horas, de la activista Rocío del Carmen San Miguel Sosa, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por su presunta vinculación en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco.
El presidente de la Conferencia pidió a la Fiscalía General venezolana cumplir con sus obligaciones constitucionales brindando una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos tanto para la activista como para cuatro de sus familiares quienes también fueron detenidos y posteriormente liberados, aunque sujetos a medidas de presentación periódica y bajo prohibición de salir del país.
Destacó que la COPPPAL se suma también a los múltiples llamados internacionales que exigen no sólo respeto a los derechos humanos de la activista venezolana y de sus familiares, sino también, de manera destacada, el acatamiento de la medida cautelar de protección dictada a favor de San Miguel Sosa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivo por el cual se demanda su inmediata liberación.
Moreno Cárdenas consideró que estos sucesos, sumados a otros más ya denunciados por distintos organismos internacionales, acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales previstas, sin fecha definida aún, podrían dañar los acuerdos generados por las conversaciones sostenidas en Barbados entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con miras a garantizar la realización libre, cierta y justa de estos comicios, lo cual implicaría un serio retroceso en la normalización política del país hermano.
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